Inhabilidad sobreviviente de Gualteros

Por: Víctor Julio García Rodríguez

Las inhabilidades son restricciones impedimentos que impiden el acceso a cargos públicos, celebrar contratos y por analogía, desempeñar funciones en corporaciones públicas de elección popular y de esta manera garantizar la ética pública o moralidad en el ejercicio de dichas funciones.

Si en el ejercicio de estas funciones públicas, el servidor público se ve afectada por una sanción o condena, que atenta contra el ordenamiento jurídico, la moralidad publica, se presenta una inhabilidad sobreviniente y ante esta situación jurídica, esa persona debe ser retirada del cargo o del servicio público o renunciar al mismo, para evitar escarnio, escándalos o su cuestionamiento moral y ético, por su mal comportamiento como servidor público.
Para el análisis del caso, el señor Juan Gualteros Murillo, cc. 17.385.370, fue sancionado fiscalmente en primera instancia el 25 de junio de 2021, por la Controlaría General de la República sin embargo, antes de este fallo, aspiró nuevamente a la alcaldía de Puerto López, Meta, engañando al pueblo, diciéndole que sus investigaciones penales y fiscales, eran persecución política y haciéndole creer al incauto elector ser una persona honesta, correcta, transparente ética y de buen comportamiento el manejo de los dineros públicos, cuando fue todo lo contrario.
El 08 de noviembre de 2022, la Sala Fiscal y sancionatoria de la Contraloría General de la República, confirmo la sanción de primera instancia impuesta por el Contralor delegado intersectorial de regalías y en consecuencia deberá devolver a la EDESA, la suma de $ 5.484.571.492, 72, deuda impagable y que de antemano sé que Juan Gualteros no pagará y que no habrá manera de recuperar estos dineros, porque a su nombre no figura ninguna propiedad inmueble.
En el reporte de la Procuraduría, dice que el sancionado fiscalmente tiene una inhabilidad especial como concejal por cinco (5) años y en el boletín de responsables fiscales de la contraloría, la sanción o inhabilidad es hasta que pague la totalidad de la deuda, como lo establece la ley 734 de 2002, que fue modificada por el artículo 265 de la ley 1952 de 2019, modificada a la vez por el artículo 73 de la ley 2094 de 2021, es decir, para la época de la investigación o etapas procesales fiscales, la ley 734 estaba vigente y solo fue derogada expresamente a partir del 29 de marzo de 2022.

En medio de su ignorancia supina y jurídica, el sancionado expresa mediante escrito al presidente del Concejo, “que la ley 734 no está vigente a la fecha del reporte de la sanción”, “que la procuraduría no lo notificado de la sanción y que la procuraduría no puede destituir a una persona elegida por voto popular según sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH, sino que dicha sanción debe ser impuesta por un juez penal”, pero para el caso en comento, la procuraduría no fue la que lo sanciono o profirió la inhabilidad sino la contraloría, es decir, la procuraduría simplemente se limita a cumplir el mandato del artículo 38 de la ley 734 de 2002 vigente durante la investigación; en consecuencia este órgano de control no tiene por qué notificarlo de la inhabilidad sobreviniente, porque dicha sanción fue impuesta por la contraloría y se da por descontado que el imputado tiene conocimiento sobre la sanción impuesta; esto es lo que se llama notificación por conducta concluyente, pues al ser confirmado el fallo en segunda instancia, se genera los antecedentes ya sea de orden disciplinario o fiscal que son de público conocimiento.
Es evidente que el señor Gualteros, no debió aspirar a la alcaldía, mucho menos aceptar la curul de concejal, por los líos jurídicos que tenía y que sigue teniendo, ya que su conducta no es otra cosa, que actuar de mala fe, pues es renuente a renunciar a la curul como concejal y demostrarles a sus electores que todavía le queda algo de gallardía para no seguir en prácticas antiéticas tratando de tapar el sol con un dedo.
Finalmente, el presidente del Concejo, le debe solicitar por escrito la renuncia al cargo de concejal y oficiar a la procuraduría de la actuación surtida, para evitar problemas disciplinarios y penales a futuro, como si lo va a tener el sancionado de marras, pues con su mal proceder, está expuesto a una investigación disciplinaria y demanda de perdida de investidura, ante el juez contencioso administrativo.

(*) Docente universitario en el área del Derecho público y periodista ASOPEMET. 18 noviembre de 2022